España, la operación Púnica y la regulación de los "lobbies"

Luis Bouza

Soy doctor en Ciencias Políticas por Universidad Robert Gordon de Aberdeen y coordino el programa de Estudios Europeos Generales del Colegio de Europa en Brujas. Investigo sobre la contribución de la sociedad civil al desarrollo de un espacio público europeo y sobre la crisis de legitimidad de la UE. En este momento me interesa especialmente laIniciativa Ciudadana Europea.

¿Regular los lobbies en España?

La  retirada de la propuesta para  regular la actividad de los lobbies de las medidas de regeneración democrática resulta inmediatamente sospechosa. ¿La falta de voluntad o capacidad para regular este sector no es en sí misma la prueba de que  los lobbies ejercen demasiada influencia sobre la política y que ha llegado la hora de regularlos? ¿Pero es la influencia de los grupos de interés el motivo de que este debate no haya avanzado más en España? Creo que no es el caso y que la falta de visibilidad de esta cuestión tiene que ver con una serie de temas más generales sobre la elaboración de las políticas públicas en España.

Tratemos de aclarar algunos términos. En España como en cualquier sistema democrático la libertad de asociación incluye la de organizarse para tratar de influir en política. Cualquier política pública genera costes y beneficios para distintos sectores cuya distribución tienen que sopesar los poderes públicos. A nadie se le escapa que la distribución de dichos costes no corresponde sólo a una determinada perspectiva sobre el interés general sino entre otros a los intereses de partido y de grupo. Por lo tanto más que salvaguardar un supuesto interés general de influencias externas es necesario velar porque ningún interés sectorial pueda monopolizar la agenda. Existen diferentes modelos de intermediación de intereses en democracia. Los lobbies -entendidos como despachos especializados en conseguir influencia para sus clientes- son más habituales en países y sectores donde hay una fuerte competencia entre grupos con intereses contrapuestos. El proceso de toma de decisiones en España sin embargo no se caracteriza por este tipo de competencia sino más bien por una fuerte centralidad de las instituciones y los partidos en la toma de decisiones.

Nada más lejos de mi intención que mantener el mito de que 'en España no hay lobbies', es una actividad que crece en importancia. Todos podemos identificar con una cierta facilidad los intereses privados que han condicionado recientemente la regulación de las hipotecas, las prospecciones en Canarias o la prohibición de Uber. Sin embargo la característica de estas tres cuestiones es que su regulación no se debe tanto a una serie de demandas resultante de la acción colectiva organizada por parte de un sector sino más bien la manifestación del acceso privilegiado de determinados actores a la elaboración de las políticas públicas. En España más que de una influencia excesiva de los lobbies podemos hablar de la captura de determinadas agendas por actores en situación de privilegio y con pocos rivales. El problema de nuestra administración es que es al mismo tiempo demasiado opaca a la sociedad y al mismo tiempo demasiado cercana a aquellos grupos en posición dominante en cada sector.