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| 06/02/2021 Antonio Salvador Carmen Lucas-Torres |
«Me siento profundamente orgulloso de haber formado parte, muy modestamente, de la Operación Cataluña, entre otras actuaciones que hice por mi país. Considero que las actuaciones que se hicieron durante años, y muy especialmente a partir de 2012 para evitar la quiebra de la unidad nacional, fue una de las pocas cosas dignas que hizo el presidente Rajoy, posiblemente porque no estuvo muy encima de ello y dejó a otros que lo hicieran para que ellos asumieran los riesgos en caso de salir mal la operación».
El pasado 1 de noviembre, cuatro días antes de cumplir tres años en prisión preventiva, José Manuel Villarejo redactó un escrito-denuncia de 105 páginas en el que hacía un detallado repaso a sus casi 35 años de servicio en activo en la Policía Nacional y con el que reiteraba su deseo de declarar de forma voluntaria sobre datos de interés que él había conocido en su dilatada carrera profesional -entre ellos trabajos encargados por «distintos gobiernos»- y que «se tratan de ocultar» en la instrucción que lleva a cabo la Audiencia Nacional, afirmó.
Una de los servicios que, según sostiene, prestó como agente encubierto y por los que «arde en deseos» de declarar es la denominada Operación Cataluña, el plan impulsado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para tratar de minar al independentismo y bajar el suflé soberanista. Ese interés no es compartido ni por el juez García-Castellón ni por los fiscales asignados al caso, contrarios a indagar en esas pesquisas pese a las evidencias que han ido surgiendo en el curso de la instrucción del caso Kitchen: la pieza separada del caso Villarejo en la que se investiga si Interior puso en marcha un operativo policial para robarle al ex tesorero del PP Luis Bárcenas documentación comprometedora para ex altos cargos de dicha formación y evitar que llegara a manos del juez que ya investigaba irregularidades contables del Partido Popular en los inicios del caso Gürtel.
El indicio más palmario hasta ahora de la existencia de una operación del Gobierno popular para encontrar trapos sucios de los partidos independentistas l0 ha aportado el propio Ministerio del Interior. En la documentación que entregó en 2019 al juzgado que investiga el caso Kitchen tras ser desclasificada por el Consejo de Ministro figura el rastro de pagos -con cargo a los fondos reservados- a Mossos d’Esquadra captados como confidentes, como desveló El Mundo. Entre otros extremos, esa información habría permitido a la Policía Nacional conocer desde dentro qué mandos de la Policía de la Generalitat eran próximos a los postulados secesionistas.
Hasta ahora, el juez no ha visto motivos para abrir una nueva pieza e investigar si desde los poderes del Estado se utilizaron fondos públicos para socavar al independentismo, una tarea en la que Villarejo dice haber tenido una participación central y cuyo origen se sitúa en 2012. Según declaró en una entrevista concedida en la cárcel a El País, recibió «instrucciones del ministro» [Jorge Fernández Díaz] porque el Gobierno «estaba preocupado por la deriva que estaba llevando». El tiempo ha dejado un reguero de indicios en el camino.
La grabación al ministro Fernández Díaz
«Esto la Fiscalía te lo afina; hacemos una gestión». En octubre de 2014, Fernández Díaz mantuvo dos reuniones en dependencias del Ministerio del Interior con Daniel de Alfonso, entonces al frente de la Oficina Antifraude de Cataluña. El objetivo de aquella doble cita era compartir información que pudiera comprometer a dirigentes independentistas, casos de Oriol Junqueras o el ex consejero de la Presidencia de la Generalitat Francesc Homs.
Esos encuentros se desarrollaron en vísperas del 9-N, la consulta soberanista que le costó la inhabilitación a Artur Mas por un periodo de un año y un mes. Fue el compromiso que había asumido el antiguo líder de CiU -hoy alejado de la primera línea de la política- cuando concurrió a los comicios catalanes celebrados el 25 de noviembre de 2012, en los que los convergentes se dejaron 12 diputados (de 62 a 50) y ERC dobló su representación (de 10 a 21 parlamentarios).
El contenido de los encuentros entre Fernández Díaz y De Alfonso no trascendió hasta casi dos años después. Días antes de las elecciones generales del 26 de junio de 2016, en las que el entonces ministro concurrió como número uno por Barcelona en la lista del PP al Congreso, el diario Público divulgó el contenido de aquellas dos conversaciones que habían sido grabadas con conocimiento del ministro. Éste quería tener pruebas ante un posible desmentido o ante la eventualidad de que decidiera dar marcha atrás su interlocutor, con fama de grabar sus conversaciones.
En Cada día tiene su afán, el libro en el que narra su experiencia de 40 años en primera fila de la política, Fernández Díaz asegura que fue Eugenio Pino -entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía- quien «ordenó» que se grabaran aquellas reuniones y quien «dio» los audios al comisario principal Marcelino Martín-Blas -entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y hoy ya jubilado- para que «hiciera la transcripción y el análisis con finalidad operativa». Años después, los tres figuran como imputados en el caso Kitchen por su responsabilidad en la operación de espionaje desplegada desde la cúpula policial alrededor de Luis Bárcenas y su familia y a la que se destinaron fondos reservados. Con ellos se pagaron, por ejemplo, entregas mensuales de 2.000 euros durante dos años al chófer del ex tesorero captado como confidente del operativo.
La divulgación de los audios mencionados evidenció que el conflicto catalán era una verdadera obsesión para el entonces titular de Interior, que había llegado al cargo en diciembre de 2011 tras haber ocupado la Vicepresidencia Tercera del Congreso en la legislatura anterior. El escándalo político generado por ese episodio fue su sentencia como ministro. Rajoy lo relegó semanas después de que el pleno del Congreso de los Diputados acordara -con los votos en contra del PP- constituir una comisión de investigación para determinar si Fernández Díaz y su equipo hicieron un uso «partidista» de los medios del Ministerio para perseguir a dirigentes soberanistas y a otros adversarios políticos a través de una «policía patriótica».
El ‘pantallazo’ del banco andorrano
La investigación sobre el patrimonio que ocultaba fuera de España la familia Pujol había dado un paso decisivo en el verano de 2014, cuando se acreditó que la esposa del ex president, Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos (Marta, Mireia, Pere y Oleguer) eran titulares de cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) y que realizaron 11 ingresos por 3,4 millones de euros entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero de 2011.
Este extremo se conoció por un pantallazo de movimientos facilitado por gestores del banco andorrano y que se reproducía en una nota informativa de Villarejo -entonces adscrito como agente encubierto a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional- que llevaba por título ‘Dinero offshore familia Pujol’ y que estaba fechada el 1 de julio de 2014. Según el policía, los datos se habían recabado «en fuentes solventes» y la fiabilidad era «muy alta».
«Parte de estas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables del BPA, que, ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en España como banca privada a través de Banca Madrid, han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas», precisa el documento.
En un acta de manifestaciones otorgada el 26 de septiembre de 2016 ante el notario de Madrid José Manuel Senante, Villarejo ratificó la autoría de dicha nota de carácter reservado, adjuntada por los ex copresidentes de BPA Higini y Ramón Cierco en la querella que interpusieron contra Martín-Blas y el policía Celestino Barroso -antiguo agregado de Interior en la Embajada de España en Andorra- por coaccionar supuestamente a directivos de esta entidad financiera para lograr información de las cuentas de la familia Pujol en el Principado. El banco fue intervenido en marzo de 2015.
El testimonio de la novia de Pujol Jr.
Hay otro episodio conocido que vincula a Villarejo con la investigación en torno al ex president: tuvo un papel decisivo para que María Victoria Álvarez -ex novia de Jordi Pujol Ferrusola- accediera a colaborar con la Policía en las pesquisas que permitieron descubrir el patrimonio oculto del clan Pujol. Sus integrantes fueron procesados recientemente por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata como miembros de una supuesta «organización criminal enriquecida por la corrupción».
A media mañana del 13 de diciembre de 2012, María Victoria Álvarez se presentó en el complejo madrileño de Canillas -sede central de la Comisaría General de Policía Judicial- y contó a los agentes algunas de las «actividades irregulares» de las que había sido testigo cuando acompañó a su novio -con el que inició una relación sentimental en febrero de 2006 que duró «unos dos años»- a supuestos viajes de trabajo que éste realizó a Andorra, Londres, México y Madrid, entre otros destinos. Como declaró la propia Álvarez en sede judicial, la persona que la esperaba aquel día en la estación de Atocha para trasladarla hasta las citadas dependencias policiales fue el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo en el grupo Cenyt e imputado también en el caso Tándem.
Álvarez cobró supuestamente durante meses de los fondos reservados del Ministerio del Interior por su colaboración en la investigación que permitió descubrir el patrimonio oculto de los Pujol, como informó este diario. También Javier de la Rosa, que declaró ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ocho días antes de que lo hiciera la ex pareja de Pujol Jr. y con quien Villarejo pactó el pago de 250.000 euros. La incógnita nunca aclarada es si el financiero catalán llegó a cobrar el dinero en su totalidad o quedó una parte pendiente.
La confesión de Villarejo
Mucho antes de su detención el 3 de noviembre de 2017, Villarejo ya había reconocido su participación en la investigación contra el independentismo catalán, uno de los servicios de los que quiere hablar en la Audiencia Nacional. Lo hizo, por ejemplo, durante su declaración como imputado ante el juzgado de Madrid que investigó la grabación y posterior difusión de la reunión que el 20 de octubre de 2014 mantuvieron los policías del caso del Pequeño Nicolás con dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La comparecencia judicial tuvo lugar el 6 de julio de 2016, dos semanas después de que el policía hoy en prisión se hubiera jubilado. En sus interrogatorios, tanto el fiscal como la abogada del Estado trataban de conocer la relación que Villarejo mantenía con Marcelino Martín-Blas, el jefe de Asuntos Internos que presentó un informe en el caso del pequeño Nicolás en el que ya apuntó a prácticas presuntamente irregulares de Villarejo y otros policías de su órbita (ahora investigados en el caso Tándem). Este hecho y que implicara a uno de sus hijos, José Manuel Villarejo Gil, en un informe del caso Emperador -sobre la presunta organización criminal liderada por el empresario chino Gao Ping- enfrentó a ambos comisarios, presentando Villarejo distintos escritos a sus superiores en los que acusó a Martín-Blas de malas prácticas. Estas denuncias han salido también a la luz en los últimos informes policiales de la pieza Kitchen.
«Hemos comido, hemos viajado juntos, hemos estado [en alusión a Martín-Blas]… Tenga en cuenta que, en el tema de Cataluña, yo me encargaba fundamentalmente de investigar delitos y tal, la familia Pujol etc, etc… y él se encargaba de apoyarme en algunas citas y en algunas historias y otras de captar fuentes como el señor éste [Daniel de Alfonso] que ha salido ahora con las grabaciones éstas del ministro. Es una fuente que él decía que tal…», declaró.
La respuesta sorprendió a la abogada del Estado, a la que le chirriaba que Villarejo acabara de asegurar que investigaba al ex president cuando era la UDEF a la que el juez había asignado el caso y él ejercía como agente encubierto en la DAO. «El tema Pujol se ha judicializado por la UDEF, que son los que están aportando y trabajando la información que nosotros previamente hemos aportado. Aunque le moleste mucho al CNI, la Policía también tiene -digamos- un estatus de responsables de Inteligencia; somos los que nos encargamos de captar información y esa información luego la pasamos, si es judicializable, a las unidades oportunas que son las que trabajan», explicó.
Tras la declaración de Villarejo, el comisario principal Martín-Blas remitió al juzgado en el que había tenido lugar la comparecencia una relación de los viajes que realizó a Cataluña y los que llevó a cabo Villarejo en las fechas abordadas y ninguno de ellos era coincidente, según la información que proporcionó la Dirección General de la Policía. Martín-Blas asegura que «nadie le preguntó en dicha declaración sobre el asunto» a Villarejo, sino que fue éste quien hizo tal relato para involucrarle a él «en unos hechos falsos».
El ‘caso Kitchen’ y los fondos reservados
El abundante material intervenido por la Unidad de Asuntos Internos a Villarejo y su socio Redondo durante la redada llevada a cabo a principios de noviembre de 2017 ha ido dando paso a la formación hasta el momento de una treintena de piezas en las que se investigan casi monográficamente los trabajos de investigación o espionaje que la empresa controlada por el controvertido policía hizo por encargo de grandes compañías -como el BBVA, Repsol, La Caixa o Iberdrola, entre otras- mientras aún se encontraba en activo en el Cuerpo Nacional.
Sólo hay una pieza de esta macrocausa en la que se analiza la actuación de José Manuel Villarejo -y otros antiguos mandos- como funcionario policial: es la llamada Operación Kitchen, el dispositivo puesto en marcha por el Ministerio del Interior en la etapa de Fernández Díaz para robar presuntamente a Luis Bárcenas documentación comprometedora para dirigentes del PP y que no llegara a la Justicia. La pista de la que tiraron los investigadores son los recibís que se intervinieron en los registros y que acreditan el pago de fondos reservados al chófer de la familia Bárcenas Iglesias (Sergio Ríos Esgueva) a cambio de ofrecer información sobre el ex tesorero popular.
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