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| 30/09/2021 Juan Pedro Quiñonero |
El exmandatario tendrá que cumplir su pena «bajo régimen de vigilancia electrónica».
Por segunda vez en siete meses, el Tribunal de París ha vuelto a condenar a Nicolás Sarkozy, expresidente de la República, a un año de prisión firme, por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012, cuando fue derrotado por François Hollande.
El 31 de marzo pasado, Sarkozy fue condenado a tres años de cárcel firme, por corrupción y tráfico de influencias.
Por vez primera en la historia de la V República, un expresidente es condenado a penas de prisión, de uno y tres años. Sarkozy se considera injustamente perseguido judicialmente y ha vuelto a presentar un recurso que suspende provisionalmente el cumplimiento inmediato de la condena, como ya ocurrió hace siete meses.
Teniendo en cuenta el carácter excepcional de esas condenas, la justicia aceptó en marzo y ha vuelto a aceptar a finales de septiembre que, llegado el caso, la pena de cárcel pudiera ser sustituida por una reclusión domiciliaria, forzosa, sometida al control policial de un brazalete electrónico, pena menos grave que un calabozo, pero igualmente humillante.
Los recursos judiciales permitirán volver a juzgar, confirmar, aliviar o liberar de toda sospecha a Nicolas Sarkozy. Las sentencias provisionales de marzo y finales de septiembre quedarán en suspenso, juzgarse en fecha desconocida a lo largo del próximo año.
Otros casos
Quedan por juzgar otra media docena de casos de distinta gravedad.
Hasta ahora, el expresidente ha sido condenado provisionalmente por delitos de gravedad palmaria: intentar corromper a un juez; tráfico de influencias entre la cúspide del poder político y el poder judicial; financiación ilegal de una campaña presidencial finalmente catastrófica.
A la espera de la evolución de la revisión reclamada por Sarkozy, el presidente todavía tendrá que responder ante la justicia de otros casos de imprevisible curso judicial: oscura recepción de 500.000 euros tras la firma de un contrato con una empresa rusa; un laberinto de comisiones ilegales pagadas y cobradas con motivo de varios contratos de venta de armas a Pakistán y Arabia Saudí durante los años 90 del siglo pasado; sospecha de recepción de fondos libios (Muamar el Gadafi), que pudieron «ayudar» a financiar la campaña presidencial de Sarkozy en 2007.
Los procesos en curso de instrucción, por juzgar, a lo largo del año próximo, tienen una importancia relativa. Pero contribuyen a enturbiar la imagen personal del expresidente.
Recurriendo a las sentencias que lo condenan a penas de cárcel, Sarkozy evita el cumplimiento inmediato de las sentencias dejando en suspenso provisional la decisión final de la justicia.
Sin embargo, los comentarios personales de la jueza Caroline Viguier, acompañando la lectura del veredicto, un año de prisión firme, por financiación ilegal de una campaña presidencial, dejan pocas dudas del punto de vista judicial: «Sarkozy conocía las cuentas de la campaña financiada ilegalmente. No era su primera campaña. Su comportamiento anterior y posterior a la campaña deja al descubierto una gran ligereza, intentando eludir su responsabilidad personal en el gasto de más de 16 millones de euros por encima de lo legalmente establecido. Los candidatos solo estaban autorizados a gastar 22,4 millones de euros. La campaña gastó mucho más, en unas condiciones muy vidriosas».
Por segunda vez en siete meses, el Tribunal de París ha vuelto a condenar a Nicolás Sarkozy, expresidente de la República, a un año de prisión firme, por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012, cuando fue derrotado por François Hollande.
El 31 de marzo pasado, Sarkozy fue condenado a tres años de cárcel firme, por corrupción y tráfico de influencias.
Por vez primera en la historia de la V República, un expresidente es condenado a penas de prisión, de uno y tres años. Sarkozy se considera injustamente perseguido judicialmente y ha vuelto a presentar un recurso que suspende provisionalmente el cumplimiento inmediato de la condena, como ya ocurrió hace siete meses.
Teniendo en cuenta el carácter excepcional de esas condenas, la justicia aceptó en marzo y ha vuelto a aceptar a finales de septiembre que, llegado el caso, la pena de cárcel pudiera ser sustituida por una reclusión domiciliaria, forzosa, sometida al control policial de un brazalete electrónico, pena menos grave que un calabozo, pero igualmente humillante.
Los recursos judiciales permitirán volver a juzgar, confirmar, aliviar o liberar de toda sospecha a Nicolas Sarkozy. Las sentencias provisionales de marzo y finales de septiembre quedarán en suspenso, juzgarse en fecha desconocida a lo largo del próximo año.
Otros casos
Quedan por juzgar otra media docena de casos de distinta gravedad.
Hasta ahora, el expresidente ha sido condenado provisionalmente por delitos de gravedad palmaria: intentar corromper a un juez; tráfico de influencias entre la cúspide del poder político y el poder judicial; financiación ilegal de una campaña presidencial finalmente catastrófica.
A la espera de la evolución de la revisión reclamada por Sarkozy, el presidente todavía tendrá que responder ante la justicia de otros casos de imprevisible curso judicial: oscura recepción de 500.000 euros tras la firma de un contrato con una empresa rusa; un laberinto de comisiones ilegales pagadas y cobradas con motivo de varios contratos de venta de armas a Pakistán y Arabia Saudí durante los años 90 del siglo pasado; sospecha de recepción de fondos libios (Muamar el Gadafi), que pudieron «ayudar» a financiar la campaña presidencial de Sarkozy en 2007.
Los procesos en curso de instrucción, por juzgar, a lo largo del año próximo, tienen una importancia relativa. Pero contribuyen a enturbiar la imagen personal del expresidente.
Recurriendo a las sentencias que lo condenan a penas de cárcel, Sarkozy evita el cumplimiento inmediato de las sentencias dejando en suspenso provisional la decisión final de la justicia.
Sin embargo, los comentarios personales de la jueza Caroline Viguier, acompañando la lectura del veredicto, un año de prisión firme, por financiación ilegal de una campaña presidencial, dejan pocas dudas del punto de vista judicial: «Sarkozy conocía las cuentas de la campaña financiada ilegalmente. No era su primera campaña. Su comportamiento anterior y posterior a la campaña deja al descubierto una gran ligereza, intentando eludir su responsabilidad personal en el gasto de más de 16 millones de euros por encima de lo legalmente establecido. Los candidatos solo estaban autorizados a gastar 22,4 millones de euros. La campaña gastó mucho más, en unas condiciones muy vidriosas».
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