Grecia se blinda contra los negacionistas del coronavirus.

25/09/2021
Begoña Castiella

El fiscal del Tribunal Supremo griego, Vassilis Pliotas, envió este jueves en forma de circular instrucciones muy concretas a los fiscales y jueces de Primera Instancia de todo el país sobre la protección de funcionarios una vez que reciben una queja, acusación o denuncia por parte de pacientes, padres de familia y empleados negacionistas. Pliotas protege de esta forma a quienes trabajan en el sector público, insistiendo en la necesidad de proteger sobre todo a profesores, médicos, enfermeros y empleados tanto de colegios como de hospitales y centros de salud, que se han visto víctimas de personas negacionistas. Considera que quienes les acusan o denuncian lo hacen «con la intención obvia de impedir la implementación y observancia de las medidas instauradas por el estado para hacer frente a la propagación de la enfermedad», refiriéndose a la covid-19.
La circular del Fiscal del Supremo contiene instrucciones claras y detalladas, así como las leyes pertinentes, para encarar a quienes se enfrentan a personas que no quieren vacunarse, a quienes no quieren hacerse las pruebas necesarias de los protocolos sanitarios o tomar las medidas de precaución pertinentes. Porque ahora hay padres de familia que se niegan a que sus hijos lleven la mascarilla obligatoria o se hagan las pruebas necesarias para acudir al colegio, hay pacientes y también familiares que no quieren hacerse test para ingresar en un hospital. Y en los últimos días muchos de ellos denunciaron a médicos o profesores, lo que podía llevar a estos profesionales al puesto de policía al ser personas denunciadas y obligarlas además a defenderse con un abogado.
La situación se prestaba también a un tipo de chantaje: se han detectado casos de padres que exigían que sus hijos entraran en el colegio sin haberse hecho los autotests de diagnóstico necesarios o sin la mascarilla, con la amenaza de llevar a los funcionarios del colegio ante los tribunales por considerar ellos (los negacionistas) que era un acto anticonstitucional, una tortura o incluso un crimen contra la humanidad. También se ha dado el caso de personal sanitario que no quería vacunarse pero deseaba seguir trabajando (y cobrando), llegando a amenazar a sus superiores.

Desenterrar a los fallecidos

El doctor Mario Lazanás, especialista en enfermedades infecciosas y miembro del Comité de expertos sobre la pandemia , declaró esta semana al canal televisivo SKAI que «la situación es de locos: se envía a médicos a las comisarías y ante los tribunales» después de recibir acusaciones y demandas. Y subrayó que «si te ocurre a ti, ahí vas corriendo, tú solo, con tus abogados», mostrando la situación tan vulnerable de los funcionarios que cumplen con su deber de proteger la salud pública.
Las situaciones pueden ser dantescas: existen en Atenas al menos tres decisiones judiciales para desenterrar a personas fallecidas, porque los familiares no se acaban de creer que murieron de la covid-19. Y el doctor Lazanás se queja porque en los certificados de fallecimiento además de la firma del médico hay una serie de documentos y pruebas médicas que no se toman en consideración.

Otro caso que ha dado mucho que hablar ha sido el de una mujer de 54 años no vacunada que estaba ingresada por la covid-19 en el hospital La Anunciación de Atenas, el mayor del país y falleció hace unos días al no aceptar ser intubada. La Fiscalía de Atenas ha iniciado una investigación que no concierne a los médicos del hospital, que intentaron hasta el último momento salvarla, llegando a solicitar una orden del fiscal para poder intubarla (no llegó a tiempo desgraciadamente). La investigación se refiere al entorno de la enferma que presuntamente impidieron que se la entubara y podría ser acusado de exposición a peligro de muerte, instigación moral para este delito y violación de la legislación sobre transmisión de enfermedades infecciosas.

«Griegos autóctonos nativos»

Las autoridades investigan también un nuevo grupo dentro de los negacionistas (hay muchos tipos en Grecia, desde ultraortodoxos que consideran que la vacuna introduce un chip del diablo en el cuerpo hasta quienes acusan a George Soros o Bill Gates de querer destruir a la humanidad). Se describen como «griegos autóctonos nativos» y presentan documentación de aspecto legal. En un caso detallado por la prensa ateniense un padre acudió al colegio de su hijo al que no se le había dejado entrar por no llevar mascarilla ni tener el certificado del selftest obligatorio dos veces por semana. Presentaba una demanda contra la directora del colegio para que se la multase con más de dos millones de euros. Afirmaba que esta multa se aplicaría siguiendo lo dispuesto por el Comité local de los Griegos Autóctonos Nativos» , que ha sido firmado (no se sabe por quién) y que ha sido tácitamente aceptado por el Ministerio de Educación. Algo que los medios griegos han descrito como un documento «delirante».