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| 11/06/2023 Pedro del Rosal |
A partir del martes, las grandes compañías deben contar con un buzón de irregularidades. Sin embargo, los expertos alertan de que la ley tiene zonas oscuras que dificultan su cumplimiento.
Cuenta atrás para la vigencia de la obligación de contar con un canal de denuncias en las grandes empresas. A partir del próximo martes 13 de junio, las compañías con 250 trabajadores o más deberán tener habilitado un buzón para que empleados y/o terceros puedan comunicar las infracciones que haya cometido la corporación o alguno de sus directivos o profesionales, sin que dicha denuncia pueda conllevar ningún tipo de represalia para quien la realiza. Así lo establece la Ley 2/2023 reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, norma que el 1 de diciembre de este año también será de aplicación para las empresas que cuenten con entre 50 y 249 personas en su plantilla. La ley, que es fruto de la trasposición de una directiva europea, prevé un muy severo régimen sancionador, por lo que las empresas deberán tomarse muy en serio su aplicación y cumplimiento. Así, por ejemplo, desatender la obligación de implantar el canal de denuncias se considerará una infracción muy grave castigada con una multa de entre 600.000 y un millón de euros, y, además, se le podrán imponer a la compañía la prohibición de obtener subvenciones o de contratar con la Administración. Unas penalizaciones que, de aplicarse, pueden dejar tocados de muerte a muchos negocios, especialmente a aquellos cuya actividad dependa de licitaciones o adjudicaciones públicas. Otras de las conductas a las que se les aplica la máxima sanción es la "adopción de cualquier represalia" contra quien comunica una irregularidad o la vulneración de "las garantías de confidencialidad" en la tramitación del asunto. Seguir leyendo>>
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