ALCALÁ DE HENARES, La corrupción política organizada

LOS VERDES DE ALCALÁ DE HENARES

Diario Vasco

La corrupción política organizada, por Andrés Herzog

5 de Agosto de 2013   

La corrupción política es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y habitual tema de tertulias, noticias y artículos, en los que se propugnan medidas para combatirla, muchas de las cuales se realizan sin la reflexión que sería deseable. Sin ir más lejos, y en estas mismas páginas, el abogado y escritor Javier Otaola dedicaba el pasado día 23 de julio un artículo, ‘La responsabilidad penal de los partidos’, a defender la inclusión de los mismos en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, a pesar de que tal cuestión está ya vigente en nuestro ordenamiento jurídico, a raíz de una enmienda que el Grupo de UPyD, presentó en la última reforma del Código Penal, que fue aceptada por el Grupo Popular en el Congreso y cristalizó en la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre. Por lo tanto, hoy es perfectamente posible que un partido político acabe penalmente imputado y, en su caso, condenado ( a una pena que puede conllevar hasta su disolución), por delitos cometidos por sus representantes. A quien le interesen los pormenores de esta importantísima medida de regeneración democrática (ignorada por los medios de comunicación), le recomiendo la lectura del Diario de Sesiones del Congreso, en el que podrá observar la furibunda oposición que la misma encontró en los grupos del PSOE, IU, CiU y PNV, que calificaron la reforma de populismo punitivo y, a su proponente, de querer criminalizar a los partidos políticos.

Pues bien, no es raro que, de repente, esos grupos políticos que hace bien poco denostaban una concreta propuesta regeneradora, ahora presentan como propias, idénticas o parecidas medidas. Todo ello con los consabidos parabienes de los medios de comunicación que, no sé si por desconocimiento, o mala fe, jamás afean a los sobrevenidos usurpadores, su errático comportamiento. Ni se preocupan de reprocharles el incumplimiento de esas medidas, que se limitan a anunciar pero que jamás ejecutan.

No es este el momento de hablar de la responsabilidad de los medios en la crisis que nos asola, a la cual han colaborado con su clientelismo, pero sí de una cuestión que, en mi opinión, rara vez se aborda: el carácter sistémico de la corrupción política, que presenta las más siniestras características del crimen organizado, y que es precisamente lo que la hace tan difícil de combatir. Porque la corrupción política no es un accidente ni una plaga de origen bíblico, sino que, como su nombre indica, tiene una causa política, provocada por un proceso de colonización de los partidos políticos de todas y cada una de las instancias de poder del Estado: la Justicia, las Cajas de Ahorro, los organismos reguladores como el Banco de España o la CNMV, el Defensor del Pueblo y tantos otros que domeñaron y neutralizaron mediante un calculado sistema de reparto de cuotas y puestos partidista. Victima directa de dicha actividad predatoria han sido las Cajas de Ahorro, utilizadas para financiar, con fines electorales, los más disparatados delirios partidistas. Como abogado de UPyD en el procedimiento de Bankia, he tenido ocasión de ver de cerca con qué impunidad los partidos (con la inestimable ayuda de los sindicatos y la patronal) quebraron las Cajas y cómo, cuando ya no quedaba patrimonio con el que hacer frente a las deudas, vendieron el último activo, intangible, que quedaba en sus balances: la confianza de sus clientes, generada durante décadas, a los que colocaron productos tóxicos como las participaciones preferentes, y les convencieron para invertir en disparatadas salidas a bolsa. Y como todo atraco que se precie, se realizó tras desactivar las alarmas del CNMV y del Banco de España, secuestradas por el bipartidismo alternante.

Por si el anterior control partidista no fuera suficiente, se han creado mecanismos de elusión del delito y de protección del delincuente. Solo así se explica que en España contemos con nada menos que 10.000 políticos y cargos públicos aforados (cuando en ningún país de nuestro entorno superan la decena), que no son procesados por su juez natural, sino por uno especial como, por ejemplo, el Tribunal Supremo que, por el sistema de nombramiento de sus magistrados, es más susceptible de ser políticamente influenciado que un simple Juzgado de instrucción. No ha faltado tampoco la planificación de vías de escape, como las maniobras tendentes a la prescripción de los delitos, los acuerdos espurios con la fiscalía para evitar la cárcel o, en última instancia, el recurso al indulto, sobre cuya naturaleza también hemos propuesto medidas para que deje de aplicarse de forma arbitraria, y que han sido rechazadas por el rodillo bipartidista. Dicho proceso de infección parasitaria es grave en el principal contrapeso del poder partidista, que es la Administración de Justicia. Desde que nació, UPyD ha defendido que, sin una justicia independiente, es imposible combatir la corrupción política. Hoy, sin embargo, y para nuestra desgracia, vemos cómo se agranda el desprestigio de las altas magistraturas del Estado, cuyas resoluciones, incluso aquellas que pudieran ser técnicamente correctas, están bajo sospecha por la forma de nombramiento de los jueces y magistrados. Bienvenidas sean las medidas contra la corrupción política. Pero no nos engañemos, tan solo saldremos de ésta, con un verdadero cambio de régimen, que acometa las reformas estructurales necesarias que el bipartidismo ha creado, que ponga orden en el elefantiásico Estado de las Autonomías y obligue a los políticos a sacar sus manos de la Justicia, de los organismos reguladores, de las entidades financieras y de los restantes ámbitos de la sociedad. Les tendremos que obligar a hacerlo porque jamás lo harán por propia voluntad.