EFE-10/12/2013 (20:09
Madrid, 10 dic (EFE).- Un informe ampliatorio de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional remitido hoy al juez confirma el amaño a favor de una empresa de la trama Gürtel de un concurso concedido en 2004 por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
El informe analiza varios correos entre empleados de empresas vinculadas al supuesto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, y un trabajador del consistorio sobre los pliegos técnicos que iban a regir la adjudicación del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP) del municipio para el año 2004.
Ruz ha citado precisamente a declarar como imputado el próximo jueves al exconcejal de Medio Ambiente de Pozuelo José Antonio Saénz Jiménez por esta adjudicación supuestamente irregular a una empresa pantalla de Gürtel.
El juez también ha citado a declarar ese día como imputada a la propietaria de la empresa pantalla, MR&Asociados, a la que el consistorio madrileño adjudicó la organización del congreso. Se trata de María del Mar Rodríguez Alonso, a quien imputa, al igual que a Sáenz, delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Según el informe remitido hoy al juez, varios correos entre dos trabajadores de las empresas del Grupo Correa y Fernando García Rubio, que aparece como director de Servicios Jurídicos y Administrativos de Pozuelo de Alarcón, prueban que se estaba amañando el concurso antes de que se publicara oficialmente el pliego de condiciones.
En estos correos se habla de los documentos que se debían remitir, una vez publicado el pliego, al personal del consistorio -como sería el caso del exconcejal de Medio Ambiente- para que la adjudicación fuera concedida "de acuerdo a unos intereses particulares", es decir, "conseguir que el adjudicatario final de dicho concurso público sea una empresa determinada", en concreto la de Correa. EFE
Cofely y su 'extraña' relación con el jefe jurídico de Bartolomé González | Madrid | EL MUNDO
El jefe de la Asesoría Jurídica de Alcalá participó en unas jornadas en Almería pagadas por la entidad. En su carta de cese dedicó siete de los ocho puntos de la misiva a intentar que se aprobase el contrato
El jefe de la Asesoría Jurídica de Alcalá de Henares, miembro de la Mesa de Contratación que dio el visto bueno al contrato de 14 años entre el Consistorio y Cofely -la empresa energética que se ha visto inmersa en la operación Púnica- participó cinco días antes de que el expediente llegase a la mesa de la Junta de Gobierno en unas jornadas en Almería pagadas por... Cofely.El evento se desarrolló del 27 al 29 de junio de 2012 cuando aún era alcalde de Alcalá de Henares Bartolomé González, ahora vicesecretario general del PP de Madrid.
«Cofely pagó el transporte en avión a los ponentes y el alojamiento. Recuerdo que AVS nos dio 90 euros o 150 a cada uno, y además, sufragó la edición del libro, que costó poco más de 1.000 euros», precisa. «Nunca he recibido ninguna comisión de nada ni instrucciones ni he elaborado nada en el desempeño de mi actividad profesional por orden de terceros para beneficiar a nadie», se defiende.
Se trata de unas jornadas que codirigía con Lorenzo Mellado Ruiz, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería. Y es que él es también profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Lleva como título: «Política Local y Estabilidad Presupuestaria. Organi- zación, y competencias municipales y proyección en materia de eficiencia energética».
El evento contaba con la colaboración de AVS Promotores Públicos, la Diputación de Almería, Instituto del Derecho de la Universidad de Almería y el Grupo de Investigación SEJ-200 de la Junta de Andalucía.
El asesor jurídico de González fue presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid y cuando Guillermo Ortega -el ex alcalde de Majadahonda a la postre, coprotagonista de la trama Gürtel al que se le atribuye el amaño de contratos y la evasión de dinero negro a Suiza- era su secretario general. De hecho, pasados los años realizó las funciones de jefe jurídico de Majadahonda con Ortega, como él mismo reconoció, así como de Madrid y ahora de San Sebastián de los Reyes.
Hay que aclarar que no está imputado en la Gürtel aunque sí aparece en el sumario en relación con un amaño de pliegos para un concurso en Pozuelo. Él asegura que «se trata de un error» porque «no ha tenido» ningún cargo jurídico en Pozuelo. En el PP aseguran que «es un hombre conocido, ya que es habitual que recurran a él para consultarle cuestiones jurídicas». Asimismo, lo señalan como amigo del ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, salpicado por diferentes casos poco claros.
El que fuera jefe jurídico de Alcalá no dejó muy claro el motivo por el que había acudido a esas jornadas en Almería. Primero dio a entender que se debía a «su amistad con Pedro García», uno de los responsables de Cofely detenidos en la operación Púnica. Luego, dijo que no lo conocía apenas, que sí lo había visto alguna vez. El 2 de julio de 2012, tres días después de que finalizase el evento, González dimitía y dejaba sobre la mesa de la Junta de Gobierno de Alcalá el expediente de Cofely para aprobarse el día siguiente.
El responsable de la Asesoría Jurídica de la ciudad complutense había formado parte de la Mesa de Contratación, junto con la entonces interventora, a quien la Cámara de Cuentas ya había sacado los colores más de una vez por el modo de conducirse en su actividad municipal. Concurrieron dos entidades, Cofely y Dalkia -empresa que ya se había hecho con un contrato similar a finales de 2011 pero de menor cuantía-. Se lo llevó Cofely.
Finalmente, en octubre de 2013 el Ayuntamiento lo adjudicaba pese a que antes se dio por cerrado el concurso y se acordó una indemnización de 600 euros a ambas entidades por las molestias. En diciembre de 2012, se aceptaba el recurso de reposición de Cofely, se reabría el expediente y se decidía pedir un informe externo, que pagaría la adjudicataria, pese a que había dos informes municipales contrarios. Los técnicos municipales hicieron suyo el documento de la auditoría externa y, finalmente, se adjudicó el contrato a Cofely.
Fuentes municipales precisaron que en ese expediente administrativo «sí aparece la firma del jefe de la Asesoría Jurídica cuando era rarísimo que lo hiciese. Lo solía hacer el jefe de Servicio de Contratación», señalan. Él lo niega y dice que «sí era habitual que él lo firmase».
Poco después de la salida de González del Ayuntamiento la interventora dejaba su puesto y el 5 de septiembre de ese año 2012, el asesor jurídico oficializaba su cese voluntario de actividad mediante una carta. Hay que precisar que este profesional había sido fichado, no ocupaba las plaza por ser funcionario y sus emolumentos eran superiores a los de los de los empleados por oposición, pese a que él sí dice ser funcionario.
En la carta, de dos páginas, sólo dedica el primer párrafo, de los ocho puntos que tiene, a explicar el motivo por el que se marcha tras ocho años, por «incompatibilidad» con los nuevos responsables municipales, el resto trata de disuadir o advertir al Ayuntamiento de que cierre el contrato con Cofely. En el punto 2 recuerda que la Mesa de Contratación lo adjudicó «hace varios meses».
En el tres llega a decir: «Sin que exista ninguna razón de carácter técnico o administrativo, que al menos el que suscribe conozca, que impidan la efectiva formalización». En el cuatro, recuerda que Cofely formalizó la fianza «por un importe considerable en euros, generándosele los correspondientes costes financieros». En el cinco, precisa que no se le ha solicitado «informe o consulta alguna». En el seis, advierte que la razón del parón puede deberse a «razonamientos de carácter político», dice que lo ha transmitido a las concejalías afectadas y recuerda que la potestad de aprobar ese contrato es del Gobierno municipal y no del Pleno, como si les conminara.
Finalmente, en el séptimo advierte que la no formalización del contrato es una «clara falta de legalidad», así como «cualquier circunstancia que no suponga» hacerlo. Y advierte, que el Consistorio debería indemnizar a la empresa «sin perjuicio de otras interpretaciones» jurídicas.
Remata, diciendo que informa de todo ello «en aras de eludir cualquier responsabilidad personal» en un futuro.
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