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| EFE 09/07/2021 |
Castellón sacó de la causa en abril a un constructor y un exdirectivo "al no haber resultado justificada la perpetración de delitos".
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado por "precipitado" el archivo para dos imputados en el caso Púnica a quienes las acusaciones sitúan en una trama en torno a un supuesto amaño urbanístico en 2004 entre El Corte Inglés y el Ayuntamiento de Valdemoro en perjuicio del erario público.
Se trata del exdirectivo de El Corte Inglés Faustino José Soriano y del constructor Javier Cid Sicluna, a los que el juez del caso, Manuel García Castellón, sacó de la causa el pasado abril "al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos" que se les imputaban ni haberse constatado "indicio alguno que permita" vincularlos "en la presunta trama dibujada por la acusación".
El magistrado ya desechó en su día abrir esta línea de investigación y, tras recurrir la Fiscalía, la Sala de lo Penal dio la razón a las acusaciones y obligó al instructor a practicar las diligencias de investigación que solicitaron, fundamentalmente la citación de Soriano.
Ahora, en un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección cuarta de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al estimar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, al que se adhirió ADADE, acuerda revocar "íntegramente" esa resolución.
Conmina así al juez a "continuar las actuaciones hasta la conclusión de la fase de investigación, debiendo incorporar la totalidad de las diligencias" pendientes y que son "relevantes para el resultado final de la investigación".
Todo ello "ante los indicios de criminalidad existentes y lo precipitado de la decisión de sobreseimiento provisional".
La Sala observa que la resolución recurrida "omite una de las operaciones indiciariamente fraudulentas realizada bajo la dirección y participación de los integrantes de la Junta de Compensación en el sector UDE Oeste-Norte", que fue presidida por Soriano y "siendo además delegado de la misma Javier Cid Sicluna".
"Nada se dice respecto de la participación de ambos investigados" en esa Junta, insisten los magistrados, al recordar que fue ahí donde, según la Fiscalía, "fueron más evidentes los amaños urbanísticos",
La Fiscalía y la acusación ejercida por el PSOE y ADADE situaban a estos dos investigaciones en un "plan criminal" junto al exconsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados -principal imputado en Púnica-; su sucesor en el consistorio, José Miguel Moreno; el supuesto conseguidor de la trama, David Marjaliza; y el constructor Ramiro Cid, hermano de Javier Cid.
El objetivo, según denuncian, era acaparar "parcelas del Ayuntamiento y suelo rústico de terceros que pasaría después a urbanizable", según las acusaciones, que sospechaban del traspaso de una parcela propiedad de El Corte Inglés a la empresa Obras y Vías, de Ramiro Cid, con intervención del Ayuntamiento de Valdemoro.
Hubo dos contratos: uno de diciembre de 2004 por el que la multinacional vendió a Cid el 87,66% de una finca situada en el polígono El Manjuelo Norte; y otro 20 días más tarde de permuta entre El Corte Inglés y el Ayuntamiento por el que el primero entregaba el 12,5% de dicha finca y recibía del consistorio 6 de propiedad municipal en el polígono Peluquera con un valor, según las acusaciones, inferior al de mercado.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado por "precipitado" el archivo para dos imputados en el caso Púnica a quienes las acusaciones sitúan en una trama en torno a un supuesto amaño urbanístico en 2004 entre El Corte Inglés y el Ayuntamiento de Valdemoro en perjuicio del erario público.
Se trata del exdirectivo de El Corte Inglés Faustino José Soriano y del constructor Javier Cid Sicluna, a los que el juez del caso, Manuel García Castellón, sacó de la causa el pasado abril "al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos" que se les imputaban ni haberse constatado "indicio alguno que permita" vincularlos "en la presunta trama dibujada por la acusación".
El magistrado ya desechó en su día abrir esta línea de investigación y, tras recurrir la Fiscalía, la Sala de lo Penal dio la razón a las acusaciones y obligó al instructor a practicar las diligencias de investigación que solicitaron, fundamentalmente la citación de Soriano.
Ahora, en un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección cuarta de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al estimar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, al que se adhirió ADADE, acuerda revocar "íntegramente" esa resolución.
Conmina así al juez a "continuar las actuaciones hasta la conclusión de la fase de investigación, debiendo incorporar la totalidad de las diligencias" pendientes y que son "relevantes para el resultado final de la investigación".
Todo ello "ante los indicios de criminalidad existentes y lo precipitado de la decisión de sobreseimiento provisional".
La Sala observa que la resolución recurrida "omite una de las operaciones indiciariamente fraudulentas realizada bajo la dirección y participación de los integrantes de la Junta de Compensación en el sector UDE Oeste-Norte", que fue presidida por Soriano y "siendo además delegado de la misma Javier Cid Sicluna".
"Nada se dice respecto de la participación de ambos investigados" en esa Junta, insisten los magistrados, al recordar que fue ahí donde, según la Fiscalía, "fueron más evidentes los amaños urbanísticos",
La Fiscalía y la acusación ejercida por el PSOE y ADADE situaban a estos dos investigaciones en un "plan criminal" junto al exconsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados -principal imputado en Púnica-; su sucesor en el consistorio, José Miguel Moreno; el supuesto conseguidor de la trama, David Marjaliza; y el constructor Ramiro Cid, hermano de Javier Cid.
El objetivo, según denuncian, era acaparar "parcelas del Ayuntamiento y suelo rústico de terceros que pasaría después a urbanizable", según las acusaciones, que sospechaban del traspaso de una parcela propiedad de El Corte Inglés a la empresa Obras y Vías, de Ramiro Cid, con intervención del Ayuntamiento de Valdemoro.
Hubo dos contratos: uno de diciembre de 2004 por el que la multinacional vendió a Cid el 87,66% de una finca situada en el polígono El Manjuelo Norte; y otro 20 días más tarde de permuta entre El Corte Inglés y el Ayuntamiento por el que el primero entregaba el 12,5% de dicha finca y recibía del consistorio 6 de propiedad municipal en el polígono Peluquera con un valor, según las acusaciones, inferior al de mercado.
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