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| 17/09/2021 Amador G. Ayora |
Que Sánchez es un hombre sin escrúpulos es algo conocido por todos. Antes de marcharse de vacaciones realizó una purga profunda en su Gobierno, en la que echó por la ventana a todo sospechoso de meter la pata, excepto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque no le encontró sustituto.
Ya de vuelta en Madrid, después de la interrupción precipitada de sus vacaciones por la toma de Kabul por los talanes, se propuso inaugurar una nueva etapa, en la que la cercanía al ciudadano está "por encima de cualquier interés o presión económica", como ha repetido estos días.
Pone así fin a la política de paños calientes o de pactos con los empresarios y la patronal. A partir de ahora la única barrera es Europa, un cortijo lleno de políticos neoliberales, a los que también le gustaría quitarse de un plumazo, pero no puede por su dependencia económica.
El miércoles pasado abrió un diálogo sin fin con la Generalitat de Pere Aragonés, a cambio de su apoyo al techo presupuestario que se aprobó la víspera en el Congreso, el más alto de la historia de España. Aunque lo niegue, la condición puesta por Aragonés fue que Sánchez acudiera personalmente al encuentro, para escenificar ante su electorado una negociación de tú a tú entre dos estados y no sólo entre gobiernos. Sin Presupuestos no hay fondos europeos y sin éstos, no hay paraíso ni recuperación económica.
La negociación sin fin con Aragonès contrasta con el diálogo a garrotazos con las eléctricas
La mano tendida a Aragonés contrasta con el duelo a garrotazo limpio contra las eléctricas, que recuerda al famoso cuadro en el que Goya revive las dos Españas, la de izquierda y la de derecha. El Gobierno acusa al sector de oligopolio, pero quien tiene realmente la sartén por el mango es Sánchez, que puede hundir la cuenta de resultados con la regulación del sector. Dicho y hecho.
El lunes aprovechó la entrevista en la 1 de TVE con Franganillo, un moderador adepto a las ideas del régimen topoderoso, para lanzar el primer aviso a navegantes. "Vamos detraer los beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas", para redirigirlos a los consumidores, "topando" el recibo del gas y reduciendo así la factura de la luz", anunció el presidente, quien a lo largo de la entrevista oficial se encargó de remarcar que "No es razonable que tengan esos beneficios extraordinarios. Tenemos que ser solidarios".
Cómo quien avisa no es traidor, al día siguiente, martes, el consejo de ministros aprobó un Real Decreto en el que se concretaba qué entiende el Gobierno por ingresos extraordinarios. La medida llevaba semanas cocinándose entre la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en connivencia con la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, la encargada de aplicarla. Será esta empresa semipública, que gestiona el transporte y el sistema eléctrico la que devolverá al consumidor una parte de los cargos incluidas ahora en la tarifa para financiar renovables, nucleares ó hidroeléctricas. Ni que decir tiene, que las tres grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy), a las que Ribera acusó de "ganar mucho dinero" para ir sembrando el descrédito y el escándalo público, son las paganas.
La España verde, el paraíso sanchista, se marchita y la desconfianza daña la recuperación
El Gobierno establecerá un sistema para que cada céntimo que cobren entre el mínimo establecido en 20 euros el kilowatio hora y los 200 que casi alcanzó esta semana sea devuelto a los consumidores. Una confiscación de beneficios en toda regla. El Estado, que ya se queda con alrededor de un tercio de lo que producimos ciudadanos y empresas; es como si, además, decidiera apropiarse del resto porque es un "beneficio extraordinario". De ahí al socialismo de las masas que predicaron Marx ó Engels hay un sólo un paso.
Sánchez asegura que se trata de una media "temporal". Pero nadie sabe explicar qué pasará si el precio de la luz no se corrigiera a partir de marzo y los expertos avisan que, aunque lo haga, será muy difícil que regreso a los 20 euros por kilowatio.
En resumen, el Gobierno ha introducido una gran "incertidumbre" en la cuenta de resultados de las empresas energéticas, que se reflejó esta semana en bolsa. Endesa e Iberdrola, las dos más afectadas cayeron entre 10 el 15 por ciento.
El tsunami alcanza también al sector de las renovables, al que hasta ahora pretendía proteger para convertirnos en un campeón verde. Sobre todo, a pequeños productores y comercializadoras que alcanzaron acuerdos para suministrar a precios ajustados, los famosos PPA, que ahora entrarán en pérdidas. Cómo en otros casos, los impagos afectarán también a los bancos. La nueva metedura de pata de Ribera es tan evidente, que este jueves, dos días después del Real Decreto, tuvo que dar marcha atrás para evitar un efecto dominó en las renovables.
¿Quién pagará la factura? Sánchez no es consciente, pero el mercado suele responder como un boomerang cuando se rompen sus reglas, con consecuencias muy negativas. Con este panorama, quién va a invertir un euro adicional en España, se preguntaban varios bancos de inversión al día siguiente de medidas. La España verde, esa especie de paraíso terrenal en que iba a convertirse nuestro país bajo tras la égida sanchista, de repente se marchita, como una hojarasca en el baúl de los recuerdos.
Ribera estaba encantada cuando los precios del gas estaban por los suelos y la luz batía récord tras récord a la baja. No se preocupó de reformar el sistema PVPC que liga la tarifa regulada al libre albedrío del mercado. Al contrario, aprovechó para enterrar definitivamente el carbón y poner fecha de caducidad a las nucleares, dos energías de apoyo imprescindibles para mantener el sistema en marcha cuando el viento no sopla o el sol se nubla.
Ahora dependemos sólo del gas, que se multiplicó por cinco en doce meses y lo que te rondaré morena, porque Argelia amenaza con cortar el suministro por Marruecos y el invierno suele catapultar los precios por el incremento del consumo.
De esos polvos vienen estos lodos. Pero el tándem Ribera-Sánchez parecen tener solución para todo, es como el ungüento amarillo. El Gobierno topó esta semana de forma temporal el precio del gas por decreto ley en otro signo de desprecio hacia la economía de mercado. ¿Y quién correrá a cargo de la cuenta? En esta ocasión, se repercutirá directamente a los consumidores a medio o largo plazo. Una solución a la que ya recurrieron los gobiernos de Aznar primero y de Zapatero. después, generando un déficit de casi 25.000 millones, que aún estamos pagando.
La vieja solución de dar la patada hacia adelante para resolver un problema. Además, ¿qué Gobierno habrá en un par de años? Fíjense, a la factura de decenas de miles de millones generada por las renovables con Zapatero tuvo que ponerle coto Rajoy, con un recorte a las bravas, que puso en solfa la seguridad jurídica.
La historia se repite. Las eléctricas preparan recursos por miles de millones, pero sólo podrán presentarlos ante el Supremo, al tratarse de un Real Decreto con medidas de emergencia social, que tardará varios años en resolverse. La factura la pagará ya otro Gobierno. La única salida es recurrir a Europa, alegando la ruptura de la unidad de mercado y el trato vejatorio con respecto a compañías de otros países. Pero de nuevo, el carácter de emergencia social, y la lentitud administrativa meterá cualquier solución en el túnel del tiempo. Sánchez vuelve a salirse con la suya, aunque la solución sea cortoplacista.
La confianza de los inversores se deteriora, la seguridad jurídica de las inversiones se pisotea en el momento que es más necesaria para afianzar la recuperación, porque lo importante es la cercanía al ciudadano, como resaltó en el comienzo del curso político. Lo demás, no importa. Gana de nuevo el populismo.
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